El ex ministro de Turismo, y dirigente del PLD advirtió que la difusión anticipada de sondeos afecta la transparencia y la igualdad en los procesos electorales.
Con un mensaje en defensa de la transparencia electoral, el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, expresó su respaldo a la decisión de la Junta Central Electoral de prohibir la divulgación de sondeos y encuestas político-electorales fuera de los plazos establecidos por la ley.
El ex ministro de Turismo, y miembro del Comité Político del PLD destacó que la medida es acertada y consideró “incomprensible” que, a casi dos años de las elecciones previstas para 2028, en el país se estén publicando estudios de opinión con fines políticos y promocionales.
Francisco Javier precisó que la disposición adoptada por la JCE está amparada en el artículo 41 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, así como en el artículo 216 de la Constitución de la República, relacionados con la transparencia y la igualdad de oportunidades en los procesos electorales.
A su entender, la difusión de sondeos y encuestas electorales a destiempo se presta para manipulaciones sutiles y expresas que podrían repercutir negativamente en los venideros procesos electorales y en la democracia dominicana. “El uso anticipado de encuestas puede generar distorsiones en la opinión pública y afectar la equidad entre quienes aspiran a posiciones de elección popular”.
Elecciones como garantía democrática
García destacó que las elecciones transparentes representan una de las principales fuentes de legitimidad del sistema democrático y de sus líderes políticos.
Señaló además que los procesos electorales permiten canalizar las distintas corrientes de opinión dentro de la sociedad de manera pacífica y organizada. “Las elecciones ayudan a que los ciudadanos reconozcan su papel de sujetos activos en la esfera pública”.
En ese orden, el dirigente peledeísta recordó que la Junta Central Electoral tiene facultades para sancionar a las empresas encuestadoras acreditadas que incumplan las disposiciones legales vigentes sobre divulgación de estudios electorales.
La decisión de la JCE surge en medio del incremento de publicaciones de sondeos y mediciones políticas vinculadas al escenario electoral de 2028, pese a que el calendario electoral aún se encuentra distante.
